Una norma que cambia las reglas del juego salarial
La transposición de la Directiva de transparencia retributiva al ordenamiento jurídico español supone un cambio relevante en las obligaciones empresariales en materia de igualdad salarial. Las pymes deberán revisar sus políticas retributivas, los criterios de valoración de puestos y los mecanismos de información salarial para adaptarse a las nuevas exigencias legales.
Desde el 19 de noviembre de 2026, toda empresa debe poder explicar con criterios objetivos cuánto paga, por qué lo paga y cómo se progresa salarialmente. Así lo establece el Real Decreto-ley 39/2026, publicado en el BOE el 18 de noviembre, que transpone la Directiva (UE) 2023/970 de transparencia retributiva.
La norma no parte de cero. Amplía el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva y modifica el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Empleo y el régimen sancionador. Pero el cambio de fondo es claro: ya no basta con no discriminar; la empresa debe poder acreditarlo con datos, criterios y documentación.
Para la pyme, este cambio llega con una buena noticia: quien ordena hoy su política retributiva no solo cumple, sino que gana en atracción de talento, clima interno y seguridad jurídica. En este artículo explicamos qué cambia, qué le corresponde a cada empresa según su tamaño y cómo afrontarlo con orden.
Transposición de la Directiva de transparencia retributiva: principales obligaciones para las pymes.
Seis obligaciones se aplican con independencia del tamaño de la plantilla:
- Transparencia antes de contratar. Las ofertas de empleo deben incluir la retribución inicial del puesto y el convenio aplicable. Queda prohibido preguntar a las personas candidatas por su salario actual o anterior, y los anuncios deben ser neutros en cuanto al género, también cuando la selección se apoye en sistemas algorítmicos.
- Criterios retributivos a la vista. La empresa debe poner a disposición de la plantilla los criterios con los que fija salarios y niveles. Si están en el convenio, basta con remitir a sus artículos; si hay mejoras voluntarias, como bonus o complementos personales, hay que explicarlas directamente.
- Derecho individual de información. Cualquier persona puede pedir por escrito su retribución y las medias por sexo de quienes realizan su mismo trabajo o uno de igual valor. La empresa debe responder en un máximo de dos meses e informar de este derecho a la plantilla al menos una vez al año.
- Fin de la confidencialidad salarial. Son nulas las cláusulas que impiden a una persona revelar su propio salario a efectos de igualdad retributiva.
- Un registro retributivo más exigente. Debe recoger la media y la mediana de lo realmente percibido por sexo, en cómputo anual y también por hora de trabajo, y conservarse con su documentación durante cuatro años.
- Más protección y más plazo para reclamar. Las represalias por reclamar derechos son nulas, y las acciones por discriminación retributiva prescriben a los tres años desde que cesa la situación.
La norma introduce además el concepto de nivel retributivo: la horquilla o posición que ocupa un puesto en la estructura salarial de la empresa. Es, en la práctica, el reconocimiento legal de las bandas salariales.
Qué le corresponde a su empresa según su tamaño
Las obligaciones se acumulan por tramos: cada umbral añade exigencias a las del anterior.
| Obligación | Menos de 50 | 50 a 99 | 100 a 149 | 150 a 249 | 250 o más |
| Las seis obligaciones generales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Publicar criterios de progresión retributiva | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plan de Igualdad con auditoría retributiva | — | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Justificar en el registro diferencias por sexo desde | — | 25 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Informe de brecha a la nueva Comisión | — | Cada 3 años | Cada 3 años | Cada 3 años | Anual |
| Primera remisión del informe | — | Antes del 8/6/2031 | Antes del 8/6/2031 | Antes del 8/6/2027 | Antes del 8/6/2027 |
Menos de 50 personas. Aplican las seis obligaciones generales. El reto es sobre todo de orden: ofertas con salario, criterios documentados y capacidad de responder en dos meses.
De 50 a 149 personas. A lo anterior se suma la progresión retributiva, y la auditoría del Plan de Igualdad incorpora nuevos contenidos. Desde 100 personas, cualquier diferencia del 5 % entre los promedios de mujeres y hombres debe justificarse en el registro. El informe de brecha no llega hasta 2031, pero los datos de esos años ya cuentan.
De 150 personas en adelante. El primer informe de brecha vence antes del 8 de junio de 2027, con datos de 2026. Desde 250 personas, el informe es anual.
El informe recoge siete indicadores: brecha media y mediana, total y en complementos; proporción de mujeres y hombres que perciben complementos; distribución por cuartiles; y brecha por categorías o puestos de igual valor. Este último indicador se entrega también a la plantilla y, si revela diferencias no justificadas, la empresa debe corregirlas en un máximo de seis meses.
La progresión retributiva: la novedad menos comentada y la más estratégica
Desde 50 personas, la empresa debe explicar no solo cuánto paga, sino cómo se llega a cobrar más. La norma define la progresión retributiva como el proceso por el que una persona pasa a percibir una retribución superior, y obliga a poner sus criterios a disposición de la plantilla, de forma objetiva y neutra en cuanto al género.
La definición es amplia. Incluye ascensos de categoría o nivel, avance dentro de una banda salarial, antigüedad, consolidación de complementos y subidas individuales. Si la progresión la regula el convenio, basta con remitir a sus preceptos. Si depende de decisiones de la empresa, hay que explicar los requisitos, la periodicidad y quién decide.
Por qué importa tanto. La progresión es donde la brecha salarial suele crecer a lo largo de la carrera, aunque los salarios de entrada sean iguales. Por eso la auditoría retributiva debe analizar ahora el sistema de promoción, las mejoras salariales tras los permisos por nacimiento o cuidado, y el efecto de exigencias de disponibilidad no justificadas.
La pregunta que toda dirección debería hacerse: si una persona de su plantilla pidiera hoy los criterios por los que se decidió su última subida, ¿podría su empresa explicarlos por escrito? Si la respuesta es “depende”, existe una progresión de hecho sin criterios documentados, que es justamente el riesgo que la norma quiere aflorar.
Bien diseñada, la progresión deja de ser un riesgo y se convierte en una herramienta de gestión: vincula bandas salariales, evaluación del desempeño y desarrollo profesional en un sistema que la plantilla entiende y en el que confía.
Plazos, sanciones y convalidación
La mayoría de las obligaciones son exigibles desde el 19 de noviembre de 2026. Solo el informe de brecha sigue un calendario escalonado, y las auditorías retributivas de los planes de igualdad vigentes conservan su validez hasta que venzan o deban revisarse.
El régimen sancionador se endurece. Son infracciones graves incumplir las obligaciones del registro retributivo, no informar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva y no facilitar a las personas candidatas la información exigida. Preguntar por el historial salarial en un proceso de selección es infracción muy grave, igual que adoptar represalias por reclamar derechos laborales.
Con las Cortes disueltas, la convalidación del real decreto-ley corresponde a la Diputación Permanente del Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. En cualquier escenario, la obligación de transponer la Directiva europea, cuyo plazo venció el 7 de junio de 2026, se mantiene. Prepararse ahora no es una apuesta: es anticiparse a lo inevitable.
Cómo puede ayudarle Human&Partners
En Human&Partners acompañamos a la pyme en todo el recorrido, del diagnóstico a la gestión diaria, con un enfoque práctico y adaptado a su tamaño, su convenio y su realidad organizativa.
- Diagnóstico de cumplimiento. Revisamos ofertas de empleo, contratos, registro y criterios retributivos frente a las nuevas exigencias, y priorizamos riesgos y acciones.
- Valoración de puestos con perspectiva de género. Es la base técnica de todo el sistema: sin ella no es posible identificar trabajos de igual valor ni defender el indicador de brecha por puestos.
- Registro y auditoría retributiva. Elaboramos el registro con el nuevo formato y adaptamos la auditoría del Plan de Igualdad a sus nuevos contenidos.
- Análisis de la brecha salarial. Calculamos los siete indicadores, interpretamos sus causas y diseñamos medidas de corrección viables en el plazo de seis meses.
- Política retributiva y progresión. Diseñamos niveles, bandas y criterios de progresión objetivos y comunicables, conectados con la evaluación del desempeño y alineados con el mercado.
- Procedimientos y comunicación. Implantamos el protocolo de respuesta al derecho de información y el plan de comunicación a la plantilla, para que la transparencia genere confianza y no conflicto.
Nuestra práctica se apoya en más de 30 años de experiencia directiva en recursos humanos en multinacionales y pymes, y en un conocimiento especializado en planes de igualdad, auditoría retributiva, valoración de puestos y política retributiva.
De la obligación a la ventaja competitiva
Una diferencia salarial no es ilícita por sí misma; lo que la norma exige es poder explicarla. Las pymes que ordenen ahora su estructura retributiva cumplirán sin sobresaltos, y además ganarán credibilidad ante su plantilla y atractivo ante el talento que buscan.
Si quiere saber en qué punto está su empresa frente a la nueva norma, hablemos. En una primera conversación identificaremos sus obligaciones concretas y las prioridades para los próximos meses.
Fuente: Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre (BOE-A-2026-24121). Artículo de carácter informativo; su aplicación a cada empresa debe analizarse caso por caso.