Human and Partners | responsabilidad penal de los administradores
La posible responsabilidad penal de los adminitradores por delitos comtetidos por los trabajadores en el ambito de la empresa.
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RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR LOS DELITOS COMETIDOS EN LA EMPRESA.

23 Dic 2013, by nacho in Jurídico

administradorHoy vamos a tratar un muy novedoso tema y con un recorrido aún corto en el ámbito del Derecho Penal: la responsabilidad penal del administrador empresarial. Todo comenzó en el año 2010 con un importante cambio en el vigente Código Penal que significó el fin del principio clásico societas delinquere non potest. A causa de ese nuevo art. 31 bis CP las sociedades empezaron a contratar servicios legales para controlar el funcionamiento interno de las empresas, pero esos servicios que suponen, en principio, un comportamiento diligente, no aseguraba que las compañías que ven cometerse delitos en sus organizaciones puedan quedar liberadas de responsabilidad, solo se permitía y permite la atenuación.

El pasado 20 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, que introduce importantes novedades, entre otros aspectos, en materia de delitos económicos. Entre tales novedades se encuentra la introducción de un nuevo tipo penal, que va a conllevar la condena del administrador social que haya omitido la adopción de medidas de vigilancia o control para prevenir la comisión de delitos en el seno de su empresa.

Así el nuevo artículo 286 seis dispone que  “ será castigado el representante legal o administrador de hecho o de derecho de cualquier persona jurídica o empresa, organización o entidad que carezca de personalidad jurídica, que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan exigibles para evitar la infracción de deberes o conductas peligrosas tipificadas como delito, cuando se dé inicio a la ejecución de una de esas conductas ilícitas que habría sido evitada o, al menos, seriamente dificultada, si se hubiera empleado la diligencia debida.”

Si la redacción propuesta no sufre ninguna enmienda y se aprueba, como todo parece apuntar, además de la persona jurídica -por la vía del artículo 31 bis del Código Penal-, va a poder ser condenado penalmente su administrador, con penas de prisión de tres meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses, además de inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o comercio si éste no ha adoptado las medidas oportunas, a través de un plan o modelo de prevención de delitos, que conforme al Proyecto de Ley, tendría por primera vez refrendo legal como circunstancia eximente de responsabilidad. Así el citado artículo 31 bis, que también sería objeto de modificación, explicita que la persona jurídica podrá quedar exenta de responsabilidad penal si prueba que su órgano de administración adoptó y ejecutó con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa.

Todas estas medidas pueden tener posibles consecuencias, como la disolución de la sociedad, la suspensión de las actividades, la prohibición de obtener beneficios fiscales y subvenciones; las posibles multas, etc.

 Es importante tomar medidas y crear nuestro propio Plan de Prevención de Delitos o “Corporate Compliance”. Este plan es realmente interesante por una doble razón, ya que sirve como medida de prevención de las conductas delictivas, y de cara a demostrar ante el Juez que empresarialmente se ha hecho todo lo legalmente posible para evitar el delito en el caso de que este se llegara a cometer.

Aquí os indico las medidas que la ASOCIACION DE EMISORES ESPAÑOLES recomienda que deben tomarse, para evitar las responsabilidades de los administradores.

1. Implantación de un programa de prevención.

2. Evaluación de riesgos.

3. El Consejo de Administración debe implicarse.

4. Aprobación de un Código de Conducta.

5. Creación de un mecanismo de supervisión.

6. La difusión: comunicación y formación.

7. Régimen sancionador.

8. Habilitación de un canal de denuncias.

9. Investigaciones internas.

 

Fausto  Rodríguez Jaraquemada. Abogado.

 

 

 

 

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